Los sindicatos de empleados públicos estatales toman las calles

Los afiliados al Sindicato Local 6000 UAW en Detroit, en septiembre.

Mientras preparan motores este otoño unas históricas negociaciones contractuales coordinadas por primera vez entre el gobierno estatal de Michigan y cinco sindicatos de empleados estatales, los afiliados a la UAW que trabajan para el gobierno estatal no solamente están exigiendo justicia social y económica con sus compañeros y compañeras en la mesa de negociaciones.

Están luchando por ella en las calles para sus clientes y para sus compañeros de Michigan.

El 1 de octubre, cerca de 41 000 habitantes de Michigan —incluyendo 29 000 niños— fueron expulsados de las filas del seguro de bienestar social por una nueva ley aprobada por la mayoría republicana de la legislatura y firmada por el gobernador republicano de Michigan Rick Snyder.  La nueva ley limita la cobertura de seguro de bienestar (“welfare”) a 48 meses en la vida de cada habitante de Michigan, quien sólo puede cobrar efectivo en ese período.

“Nuestros afiliados están todos los días en la línea de frente trabajando por las familias de Michigan y ayudándoles a guiarse a través de un sistema de bienestar social que se está deteriorando día tras día”, indicó Cindy Estrada, vicepresidenta de la UAW, quien dirige el Departamento del Sector Público y Servicio de Atención Médica del sindicato, y que está conduciendo la primeras negociaciones coordinadas con el gobierno del estado de Michigan a nombre de 38 mil empleados públicos estatales representados por 5 sindicatos de empleados estatales, incluyendo el Sindicato Local 6000 de la UAW.

“Los afiliados al Sindicato Local 6000 que trabajan en el Departamento de Servicios Humanos del gobierno estatal como trabajadores sociales y como especialistas en derechos a cobertura de seguro de bienestar han estado indignados por esta nueva ley, por todos los días ellos ven las trágicas consecuencias que enfrentan sus clientes, quienes se preguntan cómo sobrevivirán ahora en un estado en la que la mayoría republicana sigue aprobando leyes que no crean un solo empleo”, contó el presidente del Sindicato Local 6000, Ed Mitchell.

Los afiliados al Sindicato Local 6000 estaban entre los cientos de protestantes de la manifestación del 30 de septiembre contra los recortes de Michigan al seguro de bienestar social (“welfare”),  ante el edificio del gobierno estatal Cadillac Square State Office Building de Detroit.

Los letreros en la manifestación reflejaban una fuerte oposición a las prioridades torcidas de una legislatura que está dominada por los republicanos y que ha proclamado abiertamente su lealtad a los comercios a expensas de las familias asalariadas de Michigan: “Alto al bienestar social de las empresas”; “Alto a la asistencia de dinero en efectivo para las empresas”; “Ayuden a los pobres”; “El hambre es real”, decían.

Esos legisladores republicanos pasaron la primavera de 2011 haciendo inmensos recortes al presupuesto estatal contra los niños, los estudiantes universitarios y los ancianos: cortando $800.00 millones de financiamiento a la educación pública, imponiendo más impuestos a los pensionistas y erradicando el crédito del impuesto estatal al ingreso ganado que es tan importante para los asalariados más pobres de Michigan. Cuando la polvareda se aplacó, cerca de $1.7 mil millones en impuestos adicionales habían sido echados sobre las espaldas de las familias de quienes arduamente trabajan en Michigan, mientras que a los ricos y a las grandes empresas les habían eliminado $1.8 mil millones de dólares.

El otoño de 2011 promete ser tan despiadado como la primavera,  con el tope impuesto de 48 meses límite para recibir asistencia de dinero en efectivo del programa de bienestar social, lo que representa un preludio de leyes más ideologizadas, destinadas a acabar con los empleos, elaboradas por los legisladores republicanos. Otra legislación por la que se ha estado presionando desde que terminó el receso de verano incluye propuestas que piden que se implante la llamada “ley del derecho a trabajar”, misma que prohíbe la actividad sindical en el centro de trabajo para los empleados del gobierno, y que elimina importantes coberturas de atención médica para los jubilados que fueron empleados públicos estatales.

En esta atmósfera tan adversa a los trabajadores, Estrada ha estado conduciendo unas pláticas contractuales difíciles con el gobierno estatal, junto con líderes de la AFSCME de Michigan, así como de la Asociación de Empleados Estatales de Michigan, la Organización de Correccionales de Michigan y el Sindicato Local 517M del SEIU. Es la primera vez que los cinco sindicatos de empleados estatales se han unido formalmente para negociar los términos económicos con el gobierno estatal de Michigan.

“Los sindicatos de los empleados estatales han trabajado juntos durante años sobre los problemas de negociación sin hacerlo público, pero ésta es la primera vez que todos juntos nos sentamos en la misma mesa de negociaciones frente al patrón estatal y juntos negociamos nuestro pago —indicó Estrada—. Unidos, hemos tenido más fuerza de la que habríamos podido tener negociando por separado”.

“Es también la primera vez que nos unificamos para poner sobre la mesa verdaderas ideas para el cambio estructural del gobierno —continuó Estrada—. El Estado tiene que reconocer que no se pueden hacer ahorros en el presupuesto estatal poniéndolos sobre las espaldas de los trabajadores cuando por otro lado hay tanto desperdicio e ineficacia en el gobierno estatal.  Nuestras nuevas soluciones pueden ahorrarle al Estado millones de dólares a largo plazo si se revisa la estructura del manejo del gobierno estatal, sus caros acuerdos de privatización y la ineficiencia de sus procesos de trabajo. Nuestros trabajadores afiliados tienen ideas buenísimas y necesitamos un proceso abierto y transparente con la gerencia para hacer que se implementen esas ideas, tal como lo hemos hecho con nuestros contratos en el sector automotriz con un éxito enorme”.

Aunque las organizaciones sindicales esperan llegar a un acuerdo voluntario con el gobierno del estado, las reglas y regulaciones obligatorias de la Comisión de Servicio Civil de Michigan rigen el proceso de negociación, lo cual incluye procesos de poner impases si no se logra llegar a un acuerdo voluntario.

Los sindicatos y el empleador estatal ya certificaron que, al 16 de septiembre, no habían logrado llegar a ningún acuerdo voluntario, por lo cual podrían invocar impase si fuera necesario. Las audiencias para el posible impase están citadas para la primera mitad de noviembre, y la decisión recomendada de parte de los miembros consejeros debe darse el 23 de noviembre.  La decisión definitiva será dictaminada el 7 de noviembre en la sesión ordinaria de la Comisión de Servicio Civil. Las partes tienen permitido llegar a un acuerdo voluntario antes de que la comisión tome una decisión.

“Tenemos esperanzas de que podremos lograr un acuerdo voluntario que contenga verdaderas soluciones para los trabajadores públicos del estado de Michigan y para los contribuyentes de impuestos en Michigan —comentó Estrada—. Pero sin cambios estructurales en el gobierno del estado, simplemente vamos a ver a más familias lastimadas por el recorte presupuestal republicano. Nuestros trabajadores afiliados no quieren ver otros 29 mil niños más en Michigan lanzados a una mayor pobreza”.

Fuente: El Departamento del Sector Público y Servicio de Atención Médica de la UAW es dirigido por la vicepresidenta Cindy Estrada.